EL DOMINGO 30 DE ENERO de 1983, la teleaudiencia peruana se vio sacudida en horas de la noche por una noticia de último minuto. Ocho periodistas de diferentes medios de comunicación escritos habían sido encontrados muertos en cuatro tumbas dobles en la comunidad andina de Uchuraccay. Con ellos también había caído asesinado Juan Argumedo, el guía de la expedición. Días atrás el gobierno de Fernando Belaunde había informado que miembros de Sendero Luminoso, organización subversiva que había declarado la guerra al estado peruano, habían sido linchados por los comuneros en la zona de Huaychao. Eso fue tomado por el gobierno como un síntoma positivo en su lucha contra la subversión. Los periodistas fueron a averiguar qué de cierto había en esta noticia. No sabían que iban a su última comisión. Ese domingo, recuerdo, estaba viendo la televisión con mi padre, cuando de pronto se conoció la información. Casi en el acto se pudo ver en la pantalla al reportero del programa Panorama, César Hildebrandt, descender de un helicóptero. Minutos después la cámara dirigía la mirada del televidente hacia unos bultos negros. Estos contenían los cuerpos inertes de los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Jorge Luis Mendívil, Willy Retto, Octavio Infante, Jorge Sedano y Amador García. Los tres primeros pertenecían a El Diario de Marka, los dos segundos a El Observador; mientras que el antepenúltimo y penúltimo pertenecían a Noticias de Ayacucho y La República, respectivamente. (García, el último de la serie, era de la revista Oiga). Todos laboraban –a excepción del fotógrafo de Oiga– en diarios de oposición al gobierno. Todavía recuerdo, en una mezcla de curiosidad y asombro, cómo ese domingo por la noche, la cámara iba enfocando las tumbas en las que fueron enterrados los periodistas, y cómo Hildebrandt, peleando con el viento que insistía en despeinarlo, narraba el descubrimiento. En eso, cuando no terminaba de digerir mi estupefacción, el camarógrafo enfocó el rostro cuarteado y los ojos vidriosos, semiabiertos y sin vida, de Willy Retto. Le habían destapado el cráneo de un hachazo, y sus sesos, según contó luego un periodista de un canal de la competencia, habían sido devorados por sus asesinos. Para explotar el morbo y acicatear la imaginación del televidente, se mostró posteriormente el interior de una choza y la vasija donde esto habría sucedido.
Días después, acorralado el gobierno por los medios de comunicación donde laboraban los hombres de prensa caídos –a quienes ya llamaban “Los mártires de Uchuraccay”–, convocó al prestigioso escritor Mario Vargas Llosa para que presida una comisión a fin de esclarecer lo ocurrido y encontrar a los responsables. “La comisión investigadora de los sucesos de Uchuraccay” –como así se llamó– empezó sus funciones el 4 de febrero de 1983. Para ello buscó el auxilio de antropólogos, sociólogos, lingüistas y abogados. Estuvo integrada, aparte del propio Vargas Llosa, por Mario Castro Arenas, a la sazón Decano del Colegio de Periodistas del Perú, y el doctor Abraham Guzmán Figueroa, un antiguo penalista. La entrega del informe de la comisión ocurrió un mes después en Palacio de Gobierno. Allí se pudo ver al escritor enfundado en un terno impecable dando a conocer al Presidente lo actuado por la comisión. Para algunos, el Informe, con sus verdades “absolutas” y “relativas”, no aclaró nada. Para otros añadió confusión. Y para otros, los más recalcitrantes, sirvió para sustraer la mirada de los verdaderos culpables: los miembros del ejército que supuestamente alentaron –con fines nunca aclarados– la matanza de los periodistas hecha por los campesinos, y de cuya autoría no había la menor duda. Fue, precisamente, a los recalcitrantes, a quienes más irritó la principal conclusión a la que arribó la comisión: que los campesinos se confundieron y que todos éramos culpables por haber dejado en el olvido a estos compatriotas en los Andes, quienes viviendo en el siglo XIX, por no decir el siglo XVII –en palabras de la comisión–, vivían escindidos del Perú Oficial, aquel que ya transitaba por entonces el siglo XX.
Durante años el caso Uchuraccay vivió en la mente de los peruanos. Quien se encargó de recordarlo en cada aniversario, fue el antropólogo Rodrigo Montoya. Él, en su columna de La República, trataba de defender a los campesinos de las acusaciones de salvajismo que recaían sobre ellos y de paso refutar las conclusiones de la “Comisión Vargas Llosa” –así bautizada por la prensa la comisión investigadora[1]. Curiosamente por esos días, un arqueólogo, el doctor Luis Guillermo Lumbreras, de insospechada posición de izquierda, dio algunas declaraciones que, indirectamente, daban la razón a la Comisión Investigadora: que los campesinos se habían confundido y habían matado a los periodistas por error. Él dijo que: “Los campesinos habían actuado bajo condiciones de estímulo que los indujo a realizar esto [la matanza] con la esperanza de que iban a ser premiados. Ellos esperaban, es evidente, que como en el caso de Huaychao, se les felicitara, se les premiara”. Y más adelante añadió: “A mí nadie me quita de la cabeza que los campesinos, aparte del estímulo sicológico a partir de una descripción de los presuntos enemigos senderistas, también tuvieron estímulo del alcohol”. Explicó además: “Creo que hay un factor de temor. Y factor de temor absolutamente lógico frente a un enemigo desconocido”[2]. Algo similar escribió el periodista Gustavo Gorriti en la revista Caretas tres días después de los trágicos sucesos, cuando no existía ninguna comisión investigadora de por medio: “Es posible, dolorosamente posible, que en esas horas, los ocho periodistas limeños y ayacuchanos que habían salido un día antes de Huamanga, para dirigirse a Uchurajay y Huaychau, hayan sido atacados y muertos por la turba de comuneros que –en un estado frenético de temor– los habrían confundido con otro grupo incursor de Sendero”[3]. No hay mención, en opinión del periodista y del investigador social, de personas extrañas ajenas a la comunidad ni rondas “paramilitares” alentadas por el ejército como se sostuvo luego.
La tragedia de los periodistas peruanos fue explotada políticamente. El clímax de esa utilización barata de las muertes de quienes intentaron cumplir con su deber periodístico, fue en 1990 cuando en el debate presidencial entre Vargas Llosa y Fujimori, se vio a las viudas de los periodistas vestidas de negro en la primera fila del auditorio del Centro Cívico, lugar donde se realizó este. Fueron llevadas allí para intimidar con su presencia al escritor, como una burda manera de reprocharle el supuesto encubrimiento de los verdaderos responsables de la masacre –el ejército–, en el que él, prestando su figura de escritor famoso, habría sido participe. Luego Vargas Llosa, en sus memorias que daría a conocer tres años después, contó cómo una de las viudas, la de Jorge Sedano, asqueada por lo que las habían obligado a hacer los verdaderos “traficantes de cadáveres”, había ido a su casa para decirle, en presencia de periodistas que cubrieron la información, que iba a votar por él. Pero ese sacrificio de Alicia Sedano no sería suficiente. Como la historia ya consigna, Vargas Llosa perdería esa elección.
Freddy Molina Casusol
Lima, 30 de mayo del 2013
Post Scríptum
Las últimas noticias de la tragedia las proporcionó este año la hija del guía Juan Argumedo, Rosa Luz Argumedo. Ella, ahora hecha una profesional en Psicología, reclama que se le otorgue el mismo status a su padre como el que se la ha dado a los periodistas muertos: el de ser una víctima más de la masacre.
Crédito de las imágenes:
Caretas
http://www.podestaprensa.com/2010_01_01_archive.html
[1]Ver “Los campesinos no son salvajes”, 5 de febrero de 1983; “Pese a todo sabremos la verdad”, 26 de enero de 1984; “Uchuraccay, dos años después”, 26 de enero de 1985; “Uchuraccay, cuatro años después”, 15 de febrero de 1987.
Caretas
http://www.podestaprensa.com/2010_01_01_archive.html
[1]Ver “Los campesinos no son salvajes”, 5 de febrero de 1983; “Pese a todo sabremos la verdad”, 26 de enero de 1984; “Uchuraccay, dos años después”, 26 de enero de 1985; “Uchuraccay, cuatro años después”, 15 de febrero de 1987.
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